Acaba de publicarse el Índice "Doing Business" correspondiente al año 2014. Como es bien
sabido, "Doing Business" compara cómo es el entorno para hacer
negocios entre las 189 economías del mundo y clasifica a los países en función de
"facilidad para hacer negocios”. Dicho informe, creado por el Banco
Mundial, mide cuantitativamente las reglas sobre la facilidad en un país determinado
para comenzar un negocio, desde obtener permisos de obra, contratar empleados,
inscribir propiedades, solicitar créditos, proteger a los inversionistas, pagar
impuestos, comercializar en el extranjero, hacer cumplir contratos y cerrar
empresas pequeñas y medianas. Un informe que parece positivo de entrada, acarrea consecuencias nefastas para el continente africano.
Este índice ha llevado a
muchos líderes de los países en desarrollo, especialmente en África, a
desregular sus economías, con la esperanza no solamente de atraer la inversión
extranjera sino de quedar bien en el ránking. Sin embargo, lo que el Banco
Mundial considera beneficioso para las empresas internacionales a menudo es
exactamente lo contrario de lo que es para las comunidades locales.
Las desregularizaciones,
como las que propugna el citado índice del Banco Mundial, en los países en vía
de desarrollo, con población sin recursos y sin tejido comercial local fuerte,
facilita el acaparamiento de tierras y de riquezas por parte de los inversores
extranjeros en detrimento de los lugareños que se ven abocados a la pobreza.
Todo parece indicar que detrás de la filosofía de desregularización que preconiza el Banco Mundial está el interés
de los grandes inversores por hacerse con el control absoluto del mercado. A lo
mejor la desregularización se vea con buenos ojos en los países desarrollados
porque racionaliza mucho papeleo para iniciar una actividad económica, pero en
el tercer mundo, y muy especialmente en África, es abrir las puertas del
mercado local de par en par a las empresas extranjeras para que se hagan con
todos los recursos.
En el sector agrícola, por
ejemplo, este famoso el ranking alienta a los gobiernos a hacer de la tierra
una mercancía, a vender o arrendarla a los inversores extranjeros,
independientemente del impacto social o ambiental de este tipo de políticas. Campesinos,
pastores y pueblos indígenas son víctimas de la estrecha colaboración entre los
gobiernos y las empresas extranjeras que trabajan codo con codo para
despojarles sus tierras, y de ese modo obtener el apoyo del Banco Mundial.
No hay que olvidar que los agricultores son los primeros inversores y empresarios del sector agrícola en los países en desarrollo. En lugar de apoyarles, el Banco Mundial promueve el saqueo de sus recursos por parte de las compañías extranjeras con una política de desregularización forzosa.
Las consecuencias de la política de este organismo internacional son desastrosas. En Serra Leona, el 20% de las
tierras cultivables fueron confiscadas a la población rural y alquiladas a
empresas extranjeras para la producción de caña de azúcar y de aceite de palma;
en Liberia, cerca de un millón de hectáreas pertenecientes tradicionalmente a
las comunidades locales fueron entregadas a gigantes de producción de aceite de
palma británicos, indonesios y malasios. Otros países muy afectados por el acaparamiento
de tierra son Etiopia, Mozambique, Ghana, Uganda, Madagascar, Sudan, R.D. del
Congo y Mali. En Uganda, hasta el 14% de sus tierras fértiles está en
negociación. Mozambique tiene más del 21% en negociación. La R.D. del Congo
tiene más del 48% de las tierras agrícolas adquiridas...
No es que se esté en contra de la
racionalización de la administración y del mercado, sino en contra de las políticas y los abusos de algunos organismos internacionales, como el Banco Mundial, que siempre parecen legislar a favor de las
grandes corporaciones y no de la población.
Va siendo hora, por tanto,
de desenmascarar a algunos informes como “Doing Business” que no tienen
otro objetivo que el de robar a los pobres lo poco que tienen para entregárselo
a los ricos (las grandes compañías) bajo la apariencia de fomentar la
competitividad entre economías.
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